Carlos Pedraza  
El Sol de Chiapas  
TGz.- Antes del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1994, los bienes naturales y de subsuelo eran del dominio público, pero con la reforma que estableció en ese entonces, la normatividad cambió y paso a ser de interés público.
A raíz de esa nueva iniciativa, se empezaron a otorgar concesiones a empresas mineras extranjeras tanto de los Estados Unidos y Canadá, y desde ese año hasta la fecha se han traído consecuencias ambientales muy severas al país.
Al respecto, Emilio Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, señaló que no existen reglamentos estrictos o filtros, para conseguir un permiso para los transnacionales.
“El 80 por ciento son canadienses, 15 por ciento estadounidenses y el restante mexicanas, es un mínimo realmente. Abren una oficina en México, con dirección fiscal en el territorio y pagan 50 pesos por hectárea de concesión minera”, explicó.
Referente al Chiapas, manifestó que es el mismo procedimiento, la normatividad que las regula es la misma, con una guía de ocupación superficial del Sector Minero que la Secretaría de Economía Federal aconseja a las empresas para poder establecerse.
En Chiapas lo que preocupa es que de las aproximadamente 97 concesiones ubicadas en las zona Selva y Reservas Naturales, están perjudicando al ambiente y el ecosistema, y la entidad es de las pocas a nivel nacional que todavía cuenta con recursos naturales, que con el paso de los años, se pueden degradar por esta condición.
Indicó que las compañías mineras abusan de la confianza y de la necesidad de los campesinos, para ellos es un proyecto redituable a bajo costo y que al final de su termino con el contrato, la responsabilidad recae en el dueño del territorio donde se establecieron.
“Lo que les encanta hacer a las empresas mineras es hacer contratos de arrendamiento, porque no se van a quedar en el terreno toda la vida, solo el periodo de explotación 10 a 20 años. Les es más redituable y porque las leyes ambientales mexicanas indican que se harán responsables de los daños ambientales que resulten de ese lugar, al propietario de ese terreno, entonces cuando pasa una renta de 20 años, s ele devuelve al campesino y este se hace responsable”, aseguró.
Por último comentó que la forma de persuadir al hacer la compra o renta de la superficie, es ofreciendo poco dinero a  lo que está el valor del suelo de la región, pero conforme hay más intereses, aumentan el precio a consideración de su conveniencia.